Asegurar al Poder Ejecutivo (PE) los fondos necesarios para mantener la paz social lo que resta del año será el tema primordial de la tercera sesión de 2023. Los parlamentarios fueron citados mañana a las 8.30 en la Legislatura para encarar un orden del día de 20 puntos, de los cuales el primero es la ampliación presupuestaria por $ 305.000 millones (un incremento del 38% de los casi $ 800.000 previstos inicialmente en la Ley 9.633).

La iniciativa que envió la Casa de Gobierno, de sólo dos páginas, cuenta con dictamen de la comisión de Hacienda y Presupuesto. El presidente del comité, el oficialista Juan Antonio Ruiz Olivares, explicó que el 65% de lo que solicita el Ejecutivo estará destinado a cubrir la planilla salarial. 

“Unos $ 200.000 millones son para cumplir con las obligaciones salariales del Estado provincial con los empleados estatales; $ 50.000 millones corresponde a los Municipios del interior, por Ley de Coparticipación; y los restantes $ 50.000 son para el funcionamiento de todas las áreas del Estado provincial”, explicó a la prensa.

El requerimiento de la suba es una “consecuencia de la elevada inflación que se está generando en el presente ejercicio, muy por encima de la estimación prevista en las pautas de inflación anual consideradas para elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto General 2023”, reza el texto que llegó a la Cámara.

El bloque del Frente de Todos cuenta con los votos suficientes para la aprobación del proyecto. La bancada oficialista está integrada por 33 de los 49 legisladores, y cuenta con algunos aliados. Además, hay sectores de la oposición que suelen respaldar este tipo de pedidos -sin escatimar en críticas- para garantizar la gobernabilidad. En principio el vicegobernador Osvaldo Jaldo presidiría el debate, pero eso estará supeditado a si el gobernador Juan Manzur se va de la provincia.

Reformas y otros temas

Además del tema presupuestario, el Poder Legislativo avanzará en una serie de reformas al Código Procesal Penal de Tucumán y a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y en esa batería de modificaciones aparece un proyecto de ley que pondrá fin a una controversia con el Ministerio Público Fiscal (MPF). El cuerpo colegiado aprobará la derogación de la Ley 9.486, sancionada en diciembre de 2021 para crear la Unidad Fiscal de Delitos Cibernéticos en el ámbito del MPF, a través de una iniciativa impulsada por el jaldista Raúl Ferrazzano. Esta norma, si bien había sido promulgada por el Poder Ejecutivo en enero de 2022, había sido objetada precisamente por el ministro fiscal, Edmundo Jiménez.

Entre otras iniciativas, en el recinto también se debatirá una ampliación a 20 años del pago de los impuestos sobre los Ingresos Brutos y para la Salud Pública a las empresas que se radiquen en el Parque Industrial de Monteros; modificaciones al Código Procesal de Familia; una iniciativa para que se declare al montañismo de interés deportivo, cultural y socio-recreativo en el territorio provincial; una prórroga de la Ley 9.405 por la suspensión de procesos judiciales referidos a secuestros o ejecuciones prendarios a deudores de planes de ahorro para la adquisición de automotores; y la adhesión a una norma nacional que garantiza el derecho a la identidad biológica de toda persona que presuma que su identidad ha sido suprimida o alternada.

Reclamo: Feput pide que los proyectos de reformas vuelvan a comisión

La Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (Feput) envió un comunicado a la Presidencia de la Legislatura en la que cuestionó que se planeen reformas al Código Procesal Penal de Tucumán y a la Ley Orgánica del Poder Judicial (8.983 y 6.238), además de la derogación de la ley 9.485, sin haber solicitado la opinión del Colegio de Abogados, universidades, y otros profesionales idóneos, por el impacto que puede ocasionar el cambio a la ciudadanía. “Asimismo, consideramos que la creación de una tasa para los exámenes de ADN podría ir en contra de normativas ya vigentes”, indicó.